No es la primera vez que utilizamos una película como referencia para uno de nuestros post. Creemos que sirven perfectamente de ilustración de muchas situaciones cotidianas.
En este post queremos contar lo que le ocurre a un grupo de 300 pacientes aguerridos que, como los espartanos en la Batalla de Las Termópilas, se encuentran en un embudo, en un paso estrecho dentro del sistema sanitario. Y como en el caso de Leónidas, éstos son solo 300 pero representan a muchos más.
Pese a que nuestro sistema sanitario es un sistema garantista basado en principios como la universalidad, la igualdad o la equidad, existen puntos oscuros que generan justo el efecto contrario, a la vez que un importante efecto negativo para la imagen pública de las organizaciones sanitarias.
Concretamente en Andalucía, con el fin de conseguir garantizar la respuesta del sistema a las necesidades de los pacientes y asegurar una pronta respuesta a sus problemas, en 2001 y 2004 se publicaron el Decreto que garantiza el plazo de respuesta quirúrgica y el Decreto que garantiza el plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA.
Todo haría pensar que con decretos como éstos, no debería haber andaluces esperando una intervención quirúrgica, una consulta de especialista o una prueba diagnóstica. Al menos eso dicen los datos públicos.
Pero de nuevo la realidad es tozuda. Basta con ver noticias como ésta para saber, independientemente del origen de las mismas, que no todos los pacientes son atendidos según estos plazos.
Y ahí es donde entran nuestros 300. Porque estos decretos establecen los plazos máximos de respuesta para una serie de procedimientos, consultas y pruebas, pero no establece ningún criterio para aquellos procedimientos o pruebas que no se listan en ellos. Esto provoca que por el simplismo de algunos gestores, la falta de registros de las pruebas fuera del decreto y la tiranía de los indicadores, situaciones que están muy lejos de la universalidad, de la equidad o del sentido común.
Mientras el sistema se jacta públicamente (para ello hay una web para consultar las demoras) de cumplir estos decretos, en la cara B de las organizaciones se generan enormes listas o bolsas de pacientes que ni siquiera pueden ser derivados a los centros concertados (que están concertados precisamente para cumplir las garantías de respuesta)
Entre nuestros 300 hay personas que llevan más de 2 años esperando una prueba diagnóstica. Más de 2 años sin que el sistema les pueda dar una respuesta concluyente en forma de plazo concreto. Más de 2 años sin que el sistema les haya podido decir que no padecen ninguna enfermedad importante (aunque puede que la padezcan)
Es tanta la espera que muchos terminan en la privada donde la respuesta, además de rápida, suele consistir en ofrecer todo aquello que no ofrece (aunque podría) la asistencia pública. Otros muchos optan por la reclamación o una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, ganando algunos puestos, generando incomodidad entre los que toman las decisiones y, con suerte, adelantando algunos puestos en la lista de espera. Otros muchos son ingresados (puede que tras pasar por una consulta privada) como vía alternativa a la inamovible lista de espera y conseguir así forzar al sistema. En definitiva, soluciones que directa o indirectamente, en forma de impacto negativo o sobrecoste, afectan negativamente a lo público.
La cuestión es que, independientemente de la vía elegida, generalmente ligada a las posibilidades socioeconómicas del paciente, son pocos los que salen de la lista con lo que, cada mes, volvemos a tener 300 para los que no tenemos (aunque deberíamos tener) una respuesta.
300 personas a las que un especialista les ha solicitado una prueba para, en el mejor de los casos, diagnosticar un proceso banal o descartar un proceso patológico. 300 personas que, sorprendentemente, esperan cada día pacientemente su turno.
No podemos esperar, por tanto, que estos 300 (y sus familiares y amigos) hablen bien de un sistema que no los está tratando, como mínimo, como al resto. No podemos sorprendernos si estos 300 (y sus familiares y amigos) pongan cara de pocos amigos cuando la consejera da una rueda de prensa diciendo que no hay esperas quirúrgicas en Andalucía.
Yo, que ahora soy responsable de contestar sus reclamaciones, no puedo más que darles la razón, pedirles disculpas en nombre de la organización y expresarles mi compromiso de que, cada día, trataremos de acabar con esta injusticia.
Nota: Este post se escribió en mayo pero tras una reunión en la que se estableció el compromiso de dar una solución al problema de los 300, se quedó en barbecho. La rueda de prensa de la Consejera detallando las esperas quirúricas a fecha de hoy me ha recordado que el problema sigue sin tener una solución.