jueves, 24 de julio de 2014

Los 300


No es la primera vez que utilizamos una película como referencia para uno de nuestros post. Creemos que sirven perfectamente de ilustración de muchas situaciones cotidianas.

En este post queremos contar lo que le ocurre a un grupo de 300 pacientes aguerridos que, como los espartanos en la Batalla de Las Termópilas, se encuentran en un embudo, en un paso estrecho dentro del sistema sanitario. Y como en el caso de Leónidas, éstos son solo 300 pero representan a muchos más.

Pese a que nuestro sistema sanitario es un sistema garantista basado en principios como la universalidad, la igualdad o la equidad, existen puntos oscuros que generan justo el efecto contrario, a la vez que un importante efecto negativo para la imagen pública de las organizaciones sanitarias.

Concretamente en Andalucía, con el fin de conseguir garantizar la respuesta del sistema a las necesidades de los pacientes y asegurar una pronta respuesta a sus problemas, en 2001 y 2004 se publicaron el Decreto que garantiza el plazo de respuesta quirúrgica y el Decreto que garantiza el plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA.

Todo haría pensar que con decretos como éstos, no debería haber andaluces esperando una intervención quirúrgica, una consulta de especialista o una prueba diagnóstica. Al menos eso dicen los datos públicos.

Pero de nuevo la realidad es tozuda. Basta con ver noticias como ésta para saber, independientemente del origen de las mismas, que no todos los pacientes son atendidos según estos plazos.

Y ahí es donde entran nuestros 300. Porque estos decretos establecen los plazos máximos de respuesta para una serie de procedimientos, consultas y pruebas, pero no establece ningún criterio para aquellos procedimientos o pruebas que no se listan en ellos. Esto provoca que por el simplismo de algunos gestores, la falta de registros de las pruebas fuera del decreto y la tiranía de los indicadores, situaciones que están muy lejos de la universalidad, de la equidad o del sentido común.

Mientras el sistema se jacta públicamente (para ello hay una web para consultar las demoras) de cumplir estos decretos, en la cara B de las organizaciones se generan enormes listas o bolsas de pacientes que ni siquiera pueden ser derivados a los centros concertados (que están concertados precisamente para cumplir las garantías de respuesta)

Entre nuestros 300 hay personas que llevan más de 2 años esperando una prueba diagnóstica. Más de 2 años sin que el sistema les pueda dar una respuesta concluyente en forma de plazo concreto. Más de 2 años sin que el sistema les haya podido decir que no padecen ninguna enfermedad importante (aunque puede que la padezcan)

Es tanta la espera que muchos terminan en la privada donde la respuesta, además de rápida, suele consistir en ofrecer todo aquello que no ofrece (aunque podría) la asistencia pública. Otros muchos optan por la reclamación o una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, ganando algunos puestos, generando incomodidad entre los que toman las decisiones y, con suerte, adelantando algunos puestos en la lista de espera. Otros muchos son ingresados (puede que tras pasar por una consulta privada) como vía alternativa a la inamovible lista de espera y conseguir así forzar al sistema. En definitiva, soluciones que directa o indirectamente, en forma de impacto negativo o sobrecoste, afectan negativamente a lo público.

La cuestión es que, independientemente de la vía elegida, generalmente ligada a las posibilidades socioeconómicas del paciente, son pocos los que salen de la lista con lo que, cada mes, volvemos a tener 300 para los que no tenemos (aunque deberíamos tener) una respuesta.

300 personas a las que un especialista les ha solicitado una prueba para, en el mejor de los casos,  diagnosticar un proceso banal o descartar un proceso patológico. 300 personas que, sorprendentemente, esperan cada día pacientemente su turno.

No podemos esperar, por tanto, que estos 300 (y sus familiares y amigos) hablen bien de un sistema que no los está tratando, como mínimo, como al resto. No podemos sorprendernos si estos 300 (y sus familiares y amigos) pongan cara de pocos amigos cuando la consejera da una rueda de prensa diciendo que no hay esperas quirúrgicas en Andalucía.

Yo, que ahora soy responsable de contestar sus reclamaciones, no puedo más que darles la razón, pedirles disculpas en nombre de la organización y expresarles mi compromiso de que, cada día, trataremos de acabar con esta injusticia.


Nota: Este post se escribió en mayo pero tras una reunión en la que se estableció el compromiso de dar una solución al problema de los 300, se quedó en barbecho. La rueda de prensa de la Consejera detallando las esperas quirúricas a fecha de hoy me ha recordado que el problema sigue sin tener una solución.

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viernes, 18 de julio de 2014

No cuentes conmigo #InsumisionEnfermera


Tenemos el blog un poco abandonado, pero hemos terminado junio más apretados que los tornillos de un submarino y los primeros días de julio había que dedicárselos a la familia si o si.

Eso no quita para que sigamos viendo la realidad a través de todas las ventanas que tenemos abiertas y seamos observadores inquietos y, por tanto, observadores con opinión.

Hace unas cuántas semanas, los profesionales de muchos de los hospitales públicos de Andalucia recibimos un mensaje parecido a éste (que es el que nos enviaron desde la UAP del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar).

                                          

Obviamente, por lo rotundo del mensaje y por lo que esto puede afectar al futuro laboral inmediato de muchas enfermeras, máxime con un 25% de eventuales en nuestra plantilla, cundió el pánico entre la gente.

Pasaron los días y ante la falta de información por parte de la Dirección de Enfermería, lo mismo es mucho soponer que ellos se encargen de informar a los profesionales enfermeros del centro, y dado que tenemos, pese a nuestras diferencias, una magnifica relación con el presidente del Colegio de Cádiz, asumimos un rol que no nos corresponde (no es ni será la primera vez) y le dimos un telefonazo, intentando darle luz al asunto.

Nos explicó los por qués de esta sorpresiva misiva, como nuestra empresa, ante una inminente reclamación patrimonial, había decidido plegarse a la colegiación obligatoria, como cada colegio provincial iba a hacer una integración diferente de los excolegiados subvencionando algunos las cuotas del periodo de descolegiación y otros exigiendo el total de esa suma, como el Consejo General de Enfermería no iba a perdonarle a nadie la cuota de alta de setenta y pico euros, como a partir de 2015 habrá una nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales que cambiará muchas cosas (o no).

Pese a las diferencias que nos separan, nos comprometimos a enviar un email, y explicar la situación a nuestros contactos, con la idea de bajar la tensión y contarles como iba a ser el procedimiento de recolegiación concreto en la provincia de Cádiz.

Nos colegiariamos, si, pero por imperativo legal. No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo en muchos colegios y nada de acuerdo con la actual situación del Consejo

Además aprovechamos la ocasión para "amenazarle", al presidente del colegio de Cádiz, con qué, una vez miembros del club, seriamos muy muy críticos y muy muy exigentes, que trataríamos de hackearlo para hacerlo mejor. Y el primer paso sería romper, buscar la forma de romper, formal y públicamente con el Consejo General, que ésta es una de las instituciones que más daño le está haciendo en la actualidad a la enfermería.

Afortunadamente tardamos un poco mas de lo previsto en redactar ese email y nos enteramos de lo que los dirigentes del Colegio de Zaragoza le han hecho (y le pretenden hacer) a un enfermero que solo pedía información y transparencia. Tan solo por ejercer su derecho como colegiado. Este post de Juan F. Hernández pone los pelos de punta.

Obviamente participamos en la iniciativa #ApoyaaEduardo promovida por Chema Antequera, que tuvo mucha repercusión social.

La conclusión es que no vamos a enviar el email, no vamos a participar de ningún club en el que se expediente a sus miembros por ejercer sus derechos, no queremos ser miembros de ningún club en el que sus máximos representantes estén imputados. 

Es una cuestión de ética profesional. No podemos pertenecer a una organización donde haya gente que medre, amedrente o se lucre con nuestro dinero. 

Lo sentimos por el presidente del COE de Cádiz al que esto le puede dar algún dolor de cabeza pero, pese al imperativo legal de la colegiación obligatoria, a partir de este momento nos declaramos INSUMISOS.

Si, lees bien. INSUMISOS.

Y seguiremos siendo insumisos hasta que nuestro colegio provincial se desvincule pública y formalmente del actual Consejo General o éste dimita en bloque y se renueve.

Mientras tanto guardaremos nuestras cuotas en una hucha.



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